La Constitución de 1978 estableció dos caminos o vías de acceso a la
autonomía. Uno era el del artículo 151, la autonomía con
mayúsculas; y la otra, la del 143, con minúsculas. Había, por
tanto, dos rangos o niveles autonómicos, el de las nacionalidades
históricas, por el cual accedieron País Vasco, Cataluña, Galicia y
Andalucía, y el del resto del pelotón.
En Murcia, la elección de la vía de acceso a la autonomía se debatió
en el pleno del Consejo Regional de 14 de junio de 1980 celebrado en
el Ayuntamiento de Totana, durante la fase de elaboración del
Estatuto. Como se puede intuir, dada la absoluta desorientación y
falta de ambición regionalista de nuestros parlamentarios, se acordó
seguir la vía del art. 143, frente a la vía cualificada del art.
151, propuesta por el PCE y el nacionalista Mariano Yúfera.
La opción por dicha vía comportó la aceptación inicial de unos techos competenciales menores que los de otras Comunidades.
Haciendo valer su condición de “entidad
regional histórica”, reconocida por el
Real
Decreto-Ley de Preautonomía, Murcia se dispuso a acceder a su
autogobierno por la vía ordinaria del artículo 143, que exigía, para
la iniciación del proceso autonómico, las dos siguientes
condiciones:
1) INICIATIVA
La Constitución preveía que la iniciativa autonómica fuera ejercida
por todas las Diputaciones Provinciales de la región que se tratare
(en nuestro caso, al tratarse de una sola provincia, bastaría la de
la Diputación Provincial de Murcia). No obstante, al disfrutar
Murcia de un régimen preautonómico, la iniciativa de la Diputación
podía ser sustituida por la del Consejo Regional. Y así sucedió: el
14 de junio de 1980, en una sesión extraordinaria celebrada en el
Ayuntamiento de Totana, el Consejo Regional de Murcia adoptó la
iniciativa autonómica.
2) ADHESIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS
Además, la Constitución requería que se adhiriesen a la iniciativa
autonómica las dos terceras partes de los municipios de la región,
cuya población representase, al menos, la mayoría del censo
electoral. De esta manera, en los seis meses siguientes, los distintos
Ayuntamientos murcianos fueron adhiriéndose a la iniciativa
autonómica, sin más problema que el surgido en el Ayuntamiento de
Cartagena, donde la resistencia de los concejales cantonales más la
de algunos de UCD estuvo a punto de frustrar tal acuerdo. Al final
no fue así y esa adhesión se produjo también el 9 de diciembre de
dicho año.
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