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Fue a lo largo del periodo preautonómico cuando se abordó el
problema de la delimitación del territorio de la futura Comunidad
Autónoma, y la cuestión no fue en absoluto pacífica.
Desde todos los ámbitos del regionalismo y nacionalismo murcianos se propugnaba la
existencia de un pueblo con una misma historia y
características socioculturales, asentado en un
territorio
mayor que el de la provincia de Murcia. La aspiración de incluir
tales territorios en nuestra Comunidad fue, a finales de la década
de los setenta, un sentimiento bastante extendido en la prensa y aun
en determinados círculos políticos, económicos e intelectuales de la
sociedad murciana. De hecho, el 25 de junio de 1976 (antes incluso
de la constitución de las primeras preautonomías), la Diputación de Murcia
acordó crear una Comisión para analizar nuestra identidad regional,
en la que ya surgió el tema de las relaciones con Albacete y Orihuela.
Durante la etapa preautonómica, se produjo un amplio debate social
al respecto, con encuentros de especialistas (historiadores,
geógrafos, etc.) y mesas redondas, en las que la presencia del tema
fue constante. También la prensa diaria (principalmente, el diario "Línea")
desplegó entre 1977 y 1978 una intensa campaña en tal sentido.
Incluso hubo contactos con parlamentarios de las provincias
afectadas y varios Ayuntamientos se pronunciaron a favor de su integración de la Región Murciana.
Sin embargo, todas aquellos estudios e iniciativas tuvieron
que enfrentarse con los intereses de otras nacionalidades y regiones, y con
los propios
del Estado, que rechazó cualquier posibilidad de alterar el mapa
provincial, principalmente con el objetivo de asegurar la unidad de
Navarra frente a las pretensiones del Consejo General Vasco.
El mecanismo para conseguir esta “inalterabilidad” de los límites
provinciales vino de la mano del procedimiento establecido para
solicitar el acceso a la preautonomía, ya que éste requería la
constitución de una Asamblea de “todos los diputados y senadores”
del territorio correspondiente (provincia), lo que conducía inexorablemente
a que los límites de las Comunidades Autónomas acabaran por
coincidir con las de las provincias por las que tales parlamentarios
habían sido elegidos.
Desde entonces, la única fórmula para conseguir la integración de
estas comarcas en la Región Murciana pasaba por la incorporación de
toda la provincia en la que tales territorios se encontraban;
solución ésta imposible y tan poco convincente para el regionalismo
murciano como la de que la Comunidad Murciana quedase definitivamente
reducida en su territorio al de la provincia de Murcia.
De esta forma, acabaron asfixiadas las aspiraciones murcianas de
incorporar a la futura Comunidad determinadas zonas de la provincia
de Albacete (hasta Hellín), de Alicante (la zona de Orihuela) y de
Almería (la comarca de los Vélez).
Durante la redacción del Proyecto de Real Decreto-ley de
preautonomía, el Órgano de Trabajo, en su sesión de 11 de febrero de
1978, apenas dedicó tres cuartos de hora a la cuestión, y acabó
aprobando el art. 2, que dejaba claro que «el territorio de la
región de Murcia es el de los municipios comprendidos dentro de los
actuales límites administrativos de la provincia». Es probable
que ello se debiera a que el borrador entonces manejado todavía
incluía la referencia a los municipios limítrofes, propuesta por
Pérez Crespo. Pero esta enmienda cayó y, con ella, los deseos de
muchos murcianos de ver unida, por fin, la que consideraban como
la auténtica Murcia.
Durante los años siguientes, la cuestión no volvió a suscitarse o,
para ser más exactos, lo hizo con mucha menos fuerza y convicción. Y
así hasta hoy, fecha en la que efectivamente, y a pesar de todos
aquellos esfuerzos «el territorio de la región de Murcia es el de
los municipios comprendidos dentro de los actuales límites
administrativos de la provincia» (art. 2 de nuestro Estatuto), y
nada más. |
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