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Marbellosis quística:
Patología política de la Comunidad Murciana |
La Región de Murcia se plantea duplicar en diez o doce años su
parque urbanístico: se van a construir las mismas viviendas que
en los últimos dos mil años. No hace falta un análisis demasiado
profundo de este dato para comprender que resultan inevitables
las tensiones y las fricciones entre los distintos grupos de
interés.
El suelo es el capital más importante que tienen los municipios
y, como siempre, se trata de un recurso limitado. Dilapidarlo en
un corto espacio de tiempo sin la necesaria racionalización del
proceso nos puede llevar a una situación de pan para hoy y
hambre para mañana, sin posible vuelta atrás. Y por supuesto,
sin obviar el oportunista y demasiado traído y llevado problema
del agua.
Pero la idea fundamental es que no es lo mismo “desarrollo” que
“intereses inmobiliarios”. Son dos conceptos distintos, aunque
el poder público y el 99% de los medios de comunicación, al
servicio los unos de los otros (o los otros de los unos), se
empeñen en confundirlos, con bastante éxito.
Las amenazantes pérdidas de inversiones nos hacen olvidar que la
política urbanística en la esfera de lo local tiene la
obligación de buscar siempre un difícil equilibrio entre la
rentabilidad pública y la privada. Una marbellización de
la función pública del urbanismo nos llevaría a la castración
del futuro de formas de propiedad colectiva de los espacios
públicos, y lo que es más grave, de los equipamientos
(enseñanza, sanidad, etc).
Carecemos también de una política supramunicipal clara que no
sólo tiene la obligación de la ordenación del territorio, sino
de la disciplina urbanística de los ayuntamientos, y que tiene
que ser igual para todos, independientemente del partido que se
encuentre al frente del gobierno municipal. Es necesario evitar
un doble rasero, como el aplicado en Andalucía cuando gobierna
el PSOE en un Ayuntamiento, y cuando gobierna otro partido, sea
el popular o cualquier otro.
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Déficits de la Transición |
En otras
ocasiones, desde esta página, hemos alabado los logros de la
llamada Transición democrática española, señalando, al mismo
tiempo, sus déficits y la oportunidad del momento para una
revisión de los importantes flecos que dejó sin cortar por la
inestabilidad del momento y los miedos políticos de sus
protagonistas.
La descentralización administrativa y la potenciación de las
administraciones locales, como centros de decisión más próximos
al ciudadano, con las competencias que más le afectan en su día
a día, se llevó a cabo sin resolver una pieza básica de esa
ampliación de competencias, que es la de su financiación.
Esta falta de recursos lleva a las Corporaciones locales a
buscar en ese capital mencionado que es el suelo la financiación
de estas competencias que fueron atribuidas por las leyes de
régimen local (que obligaban a los Ayuntamientos a llevar a cabo
obras y prestar servicios que antes no realizaban).
Esta particular forma de financiación, con el sustrato caciquil
de las Administraciones locales de los siglos XIX y XX, ha
llevado a una confusión de lo público y lo privado, generando
una nueva clase de oligarcas del hormigón, que son capaces de
cambiar el color del Ayuntamiento, de generar transfuguismo, de
orientar las velas de la ordenación urbana hacia sus intereses,
nublar la vista democrática y acabar con la movilidad social:
la marbellización de Murcia.
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Síntomas de esta enfermedad y males
que provoca |
Recordemos que
en la ciudad de Marbella se ha escrito el manual de
instrucciones detallado de este nuevo, patético y hasta
kitsch sistema caciquil
y oligárquico relacionado con el ladrillo. Sus síntomas
son fácilmente reconocibles en la Murcia actual:
- Puesta del poder político al servicio de intereses
inmobiliarios meramente privados, bajo la excusa del desarrollo.
- Transfuguismo político.
- Implicación de todos los colores políticos (todos los partidos
nacionales y regionales sin excepción).
- Reventar el espíritu de las leyes para adecuarlas a los
intereses privados.
Este mal, del cual
es paradigma Marbella, se extiende por toda la geografía ibérica
y ha afectado desde la Costa Brava hasta la formación del
gobierno de la Comunidad de Madrid, a las costas valenciana y
gallega, etc. Y ahora parece estar implantándose en Murcia.
Los males que provoca esta enfermedad son evidentes:
- Puesta del poder político al servicio de intereses
inmobiliarios meramente privados, bajo la excusa del desarrollo.
- Fomento del proceso caciquil, y enquistamiento de oligarquías
reaccionarias.
- Falta de participación ciudadana, neutralización de la
democracia.
- Neutralización de la sociedad civil.
- Degradación medioambiental grave.
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Papel de los medios de comunicación |
En las
democracias modernas, la función de los medios de comunicación
es fundamental. Cuando éstos no cumplen el papel que en teoría
les está asignado y se ponen al servicio de los intereses de
estas oligarquías y caciques del hormigón, nos encontramos
inevitablemente con la manipulación y la deformación de la
opinión de las mayorías. Para esto utilizan herramientas que ya
hemos visto otras veces a lo largo de la historia, apoyadas en
técnicas del márketing moderno, que hemos podido “disfrutar” en
los últimos días, como la cuidadísima puesta en escena con que
una empresa promotora se permitía amenazar el futuro de toda
nuestra tierra en los últimos días, ante la negativa de una
Corporación local a uno de sus macroproyectos.
Esta puesta en escena comprendía elementos de demagogia muy
estudiados, como la manifestación celebrada simultáneamente al
pleno municipal de Alhama de Murcia (con unas pancartas de
perfecta manufactura) o la presencia de trabajadores inmigrantes
en la rueda de prensa.
El mensaje de esta puesta en escena, perfectamente difundido por
la mayoría de medios de comunicación regionales, es el
siguiente: “o las decisiones las tomamos nosotros, o
tendréis ruina”.
Éste es un planteamiento viejo que viene a hablar de la
imprescindibilidad del gobierno de las élites. Y no hay peor mal
para la democracia que el gobierno de la élite, porque con ella
se desvirtúa la buena y aceptada esencia de la
representatividad, columna vertebral de un sistema democrático.
Y al igual que ocurría con el gobierno de los caciques de la
España reciente, los nuevos porteadores de maletines no
entienden de fronteras entre lo económico y lo político, entre
lo público y lo privado. Crean redes de corrupción, lubrican
voluntades políticas, manipulan a los políticos locales, crean
ambientes precocinados que les beneficien; en conclusión,
disparan a la línea de flotación del Estado de Derecho, al negar
el valor de las leyes.
Todo esto constituye una invisible dictadura que en Marbella se
convirtió, de forma descarada, en una opción de funcionamiento
político de la Administración, que ha dado vía libre incluso al
poder de las mafias, que es la peor cara que puede mostrar este
gobierno de élites.
La marbellosis se
extiende como una mancha de aceite y rompe la frontera, dejando
en perfecta confusión la figura del concejal con la del
empresario promotor. Un caso muy emblemático es lo acontecido en
el Ayuntamiento de Camas (Sevilla), y, porqué no, lo que se nos
viene en los principales ayuntamientos de la región: Murcia,
Cartagena y Lorca.
Otros síntomas de esta instrumentalización política por parte de
estos oligarcas del ladrillo es su traducción en gobiernos
inestables, minorías precarias, exóticas mociones de censura y
un multidireccional travestismo y transfuguismo político, del
que no quedan libres los que se suponen que son la herramienta
básica de la representatividad: los partidos políticos. A éstos
convendría vigilarlos con el mayor de los rigores en su
financiación, para no llegar a los patéticos desmanes de un
sistema como el estadounidense, cuyos partidos y gobiernos
funcionan en base a la lógica empresarial, dando lugar, como
tenemos comprobado, a líderes de lo más llamativo.
Casi tres décadas después de la llegada de la democracia a los
Ayuntamientos, va siendo hora de que se establezca de una vez
por todas el sistema definitivo de las competencias locales, que
daría lugar a una segunda descentralización. Se debe conseguir
un mayor control de la financiación y del control judicial con
fiscales especializados, que actúen con rigor ante las
corruptelas habituales. Se deberían limitar asimismo los
mandatos, penalizar e investigar convenientemente el
transfuguismo, aumentar la autonomía municipal y reformar el
reglamento que rigen las corporaciones, para hacerlas más
ágiles, rápidas y efectivas.
El reciente episodio de Alhama de Murcia se mueve, a partes
iguales, entre lo cómico y lo terrorífico. Miedo y risa. ¿En
manos de quién está nuestro futuro? ¿Quiénes y cómo se toman las
decisiones que van a afectar toda nuestra vida?
La denuncia pública y la concienciación pueden ser medicinas muy
adecuadas para intentar extirpar ese quiste tipo Marbella que se
está haciendo demasiado fuerte en nuestra tierra.
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¿Por qué no dice el PSOE cuáles eran
sus líneas de negociación en el caso Alhama? (Y que las
contextualicen con las políticas seguidas en Lorca y Los Alcázares,
por ejemplo)
¿Cuál ha sido el papel de un afamado industrial y promotor
inmobiliario de esa misma ciudad?
¿Por qué los medios de comunicación regionales no denuncian las
archiconocidas corruptelas que se están dando desde el Gobierno
murciano y los más grandes ayuntamientos del país?
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