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Marbellosis quística: Patología política de la Comunidad Murciana

La Región de Murcia se plantea duplicar en diez o doce años su parque urbanístico: se van a construir las mismas viviendas que en los últimos dos mil años. No hace falta un análisis demasiado profundo de este dato para comprender que resultan inevitables las tensiones y las fricciones entre los distintos grupos de interés.

El suelo es el capital más importante que tienen los municipios y, como siempre, se trata de un recurso limitado. Dilapidarlo en un corto espacio de tiempo sin la necesaria racionalización del proceso nos puede llevar a una situación de pan para hoy y hambre para mañana, sin posible vuelta atrás. Y por supuesto, sin obviar el oportunista y demasiado traído y llevado problema del agua.

Pero la idea fundamental es que no es lo mismo “desarrollo” que “intereses inmobiliarios”. Son dos conceptos distintos, aunque el poder público y el 99% de los medios de comunicación, al servicio los unos de los otros (o los otros de los unos), se empeñen en confundirlos, con bastante éxito.

Las amenazantes pérdidas de inversiones nos hacen olvidar que la política urbanística en la esfera de lo local tiene la obligación de buscar siempre un difícil equilibrio entre la rentabilidad pública y la privada. Una marbellización de la función pública del urbanismo nos llevaría a la castración del futuro de formas de propiedad colectiva de los espacios públicos, y lo que es más grave, de los equipamientos (enseñanza, sanidad, etc).

Carecemos también de una política supramunicipal clara que no sólo tiene la obligación de la ordenación del territorio, sino de la disciplina urbanística de los ayuntamientos, y que tiene que ser igual para todos, independientemente del partido que se encuentre al frente del gobierno municipal. Es necesario evitar un doble rasero, como el aplicado en Andalucía cuando gobierna el PSOE en un Ayuntamiento, y cuando gobierna otro partido, sea el popular o cualquier otro.

 
Déficits de la Transición

En otras ocasiones, desde esta página, hemos alabado los logros de la llamada Transición democrática española, señalando, al mismo tiempo, sus déficits y la oportunidad del momento para una revisión de los importantes flecos que dejó sin cortar por la inestabilidad del momento y los miedos políticos de sus protagonistas.

La descentralización administrativa y la potenciación de las administraciones locales, como centros de decisión más próximos al ciudadano, con las competencias que más le afectan en su día a día, se llevó a cabo sin resolver una pieza básica de esa ampliación de competencias, que es la de su financiación.

Esta falta de recursos lleva a las Corporaciones locales a buscar en ese capital mencionado que es el suelo la financiación de estas competencias que fueron atribuidas por las leyes de régimen local (que obligaban a los Ayuntamientos a llevar a cabo obras y prestar servicios que antes no realizaban).

Esta particular forma de financiación, con el sustrato caciquil de las Administraciones locales de los siglos XIX y XX, ha llevado a una confusión de lo público y lo privado, generando una nueva clase de oligarcas del hormigón, que son capaces de cambiar el color del Ayuntamiento, de generar transfuguismo, de orientar las velas de la ordenación urbana hacia sus intereses, nublar la vista democrática y acabar con la movilidad social: la marbellización de Murcia.



 

Síntomas de esta enfermedad y males que provoca

Recordemos que en la ciudad de Marbella se ha escrito el manual de instrucciones detallado de este nuevo, patético y hasta kitsch sistema caciquil y oligárquico relacionado con el ladrillo. Sus síntomas son fácilmente reconocibles en la Murcia actual:

- Puesta del poder político al servicio de intereses inmobiliarios meramente privados, bajo la excusa del desarrollo.
- Transfuguismo político.
- Implicación de todos los colores políticos (todos los partidos nacionales y regionales sin excepción).
- Reventar el espíritu de las leyes para adecuarlas a los intereses privados.

Este mal, del cual es paradigma Marbella, se extiende por toda la geografía ibérica y ha afectado desde la Costa Brava hasta la formación del gobierno de la Comunidad de Madrid, a las costas valenciana y gallega, etc. Y ahora parece estar implantándose en Murcia.

Los males que provoca esta enfermedad son evidentes:
 
- Puesta del poder político al servicio de intereses inmobiliarios meramente privados, bajo la excusa del desarrollo.
- Fomento del proceso caciquil, y enquistamiento de oligarquías reaccionarias.
- Falta de participación ciudadana, neutralización de la democracia.
- Neutralización de la sociedad civil.
- Degradación medioambiental grave.

 

Papel de los medios de comunicación

En las democracias modernas, la función de los medios de comunicación es fundamental. Cuando éstos no cumplen el papel que en teoría les está asignado y se ponen al servicio de los intereses de estas oligarquías y caciques del hormigón, nos encontramos inevitablemente con la manipulación y la deformación de la opinión de las mayorías. Para esto utilizan herramientas que ya hemos visto otras veces a lo largo de la historia, apoyadas en técnicas del márketing moderno, que hemos podido “disfrutar” en los últimos días, como la cuidadísima puesta en escena con que una empresa promotora se permitía amenazar el futuro de toda nuestra tierra en los últimos días, ante la negativa de una Corporación local a uno de sus macroproyectos.

Esta puesta en escena comprendía elementos de demagogia muy estudiados, como la manifestación celebrada simultáneamente al pleno municipal de Alhama de Murcia (con unas pancartas de perfecta manufactura) o la presencia de trabajadores inmigrantes en la rueda de prensa.

  

El mensaje de esta puesta en escena, perfectamente difundido por la mayoría de medios de comunicación regionales, es el siguiente: “o las decisiones las tomamos nosotros, o tendréis ruina”.

Éste es un planteamiento viejo que viene a hablar de la imprescindibilidad del gobierno de las élites. Y no hay peor mal para la democracia que el gobierno de la élite, porque con ella se desvirtúa la buena y aceptada esencia de la representatividad, columna vertebral de un sistema democrático.

Y al igual que ocurría con el gobierno de los caciques de la España reciente, los nuevos porteadores de maletines no entienden de fronteras entre lo económico y lo político, entre lo público y lo privado. Crean redes de corrupción, lubrican voluntades políticas, manipulan a los políticos locales, crean ambientes precocinados que les beneficien; en conclusión, disparan a la línea de flotación del Estado de Derecho, al negar el valor de las leyes.

Todo esto constituye una invisible dictadura que en Marbella se convirtió, de forma descarada, en una opción de funcionamiento político de la Administración, que ha dado vía libre incluso al poder de las mafias, que es la peor cara que puede mostrar este gobierno de élites.

La
marbellosis se extiende como una mancha de aceite y rompe la frontera, dejando en perfecta confusión la figura del concejal con la del empresario promotor. Un caso muy emblemático es lo acontecido en el Ayuntamiento de Camas (Sevilla), y, porqué no, lo que se nos viene en los principales ayuntamientos de la región: Murcia, Cartagena y Lorca.

Otros síntomas de esta instrumentalización política por parte de estos oligarcas del ladrillo es su traducción en gobiernos inestables, minorías precarias, exóticas mociones de censura y un multidireccional travestismo y transfuguismo político, del que no quedan libres los que se suponen que son la herramienta básica de la representatividad: los partidos políticos. A éstos convendría vigilarlos con el mayor de los rigores en su financiación, para no llegar a los patéticos desmanes de un sistema como el estadounidense, cuyos partidos y gobiernos funcionan en base a la lógica empresarial, dando lugar, como tenemos comprobado, a líderes de lo más llamativo.

Casi tres décadas después de la llegada de la democracia a los Ayuntamientos, va siendo hora de que se establezca de una vez por todas el sistema definitivo de las competencias locales, que daría lugar a una segunda descentralización. Se debe conseguir un mayor control de la financiación y del control judicial con fiscales especializados, que actúen con rigor ante las corruptelas habituales. Se deberían limitar asimismo los mandatos, penalizar e investigar convenientemente el transfuguismo, aumentar la autonomía municipal y reformar el reglamento que rigen las corporaciones, para hacerlas más ágiles, rápidas y efectivas.

El reciente episodio de Alhama de Murcia se mueve, a partes iguales, entre lo cómico y lo terrorífico. Miedo y risa. ¿En manos de quién está nuestro futuro? ¿Quiénes y cómo se toman las decisiones que van a afectar toda nuestra vida?

La denuncia pública y la concienciación pueden ser medicinas muy adecuadas para intentar extirpar ese quiste tipo Marbella que se está haciendo demasiado fuerte en nuestra tierra.

 

Para la reflexión

¿Por qué no dice el PSOE cuáles eran sus líneas de negociación en el caso Alhama? (Y que las contextualicen con las políticas seguidas en Lorca y Los Alcázares, por ejemplo)

¿Cuál ha sido el papel de un afamado industrial y promotor inmobiliario de esa misma ciudad?

¿Por qué los medios de comunicación regionales no denuncian las archiconocidas corruptelas que se están dando desde el Gobierno murciano y los más grandes ayuntamientos del país?


 
 

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Actualización: 20/02/2006